La actriz Andrea del Boca se encuentra en el centro de la escena judicial luego de que la fiscal federal Fabiana León solicitara una condena de tres años y medio de prisión por su presunta participación en una maniobra de defraudación al Estado a través del financiamiento de la telenovela «Mamá Corazón». El pedido se formuló ante el Tribunal Oral Federal N° 7 durante los alegatos finales del juicio que investiga el destino de los fondos públicos dirigidos a esa producción, que nunca llegó a emitirse en la televisión argentina.
La fiscalía consideró a Del Boca “partícipe necesaria” en el desvío de más de 36 millones de pesos (cerca de 3,1 millones de dólares) que el Estado destinó, a través de un convenio con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), a la empresa A+A Group SRL, representada por la propia actriz. Según la acusación, el mecanismo utilizado para asignar los fondos fue la adjudicación directa, vulnerando las normas de contratación pública y permitiendo condiciones contractuales inusuales, como la exclusividad de comercialización internacional de la novela por un período de cinco años, prorrogable por otros cinco, pese a tratarse de dinero público.
El alegato de la fiscal León no solo involucró a Del Boca: también apuntó al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para quien solicitó cuatro años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por su rol como ideólogo y ejecutor del financiamiento. Asimismo, se requirió una condena de cuatro años para el exrector de la UNSAM, Carlos Ruta, acusado de facilitar la operatoria desde la universidad. Además, la fiscal pidió que todos los imputados afronten en forma solidaria la devolución del monto defraudado al Estado.
El contrato entre la productora de Del Boca y la UNSAM fue cuestionado por la Sindicatura General de la Nación, que observó que la cláusula de exclusividad para la venta internacional era “incompatible con el origen público de los fondos” y contribuía a desnaturalizar el objeto del convenio, lo que permitía evadir controles y facilitar el desvío de recursos públicos. La investigación judicial comenzó en 2018 tras detectarse estas anomalías, y derivó en procesamientos, embargos y la elevación de la causa a juicio oral.
Desde el inicio del proceso, la defensa de Andrea del Boca negó los cargos y sostuvo que no existió perjuicio económico para el Estado ni sobrefacturación. En su presentación ante el tribunal, la actriz se negó a declarar oralmente y pidió que se valore el descargo escrito que había hecho durante la instrucción de la causa, en el que también evocó su trayectoria profesional y su prestigio en el medio artístico como respaldo moral. Ahora, el destino judicial de Del Boca y de los demás involucrados está en manos del Tribunal Oral Federal N° 7, que deberá dictar sentencia en los próximos meses.
