El futuro profesional de L-Gante se encuentra en un momento de extrema incertidumbre, tras un reciente revés judicial que podría poner en jaque su carrera musical. El cantante, cuyo nombre real es Elián Ángel Valenzuela, enfrenta complicaciones legales cada vez más graves. Luego de su condena a tres años de prisión en suspenso por amenazas coactivas y daños, ahora es investigado en una causa mucho más delicada, vinculada a la trata de personas con fines de explotación sexual y corrupción de menores.
El caso actualmente se tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de Morón, bajo el control del juez Martín Ramos y el fiscal Sebastián Basso, con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) al frente de la investigación. Todo comenzó con un allanamiento realizado en junio de 2023 en su vivienda de Moreno, provincia de Buenos Aires, donde se hallaron jóvenes mujeres—presuntamente algunas menores de edad—en circunstancias sospechosas. Según denunció una organización de protección a víctimas de trata, existen serias sospechas sobre la adulteración de actas policiales, lo que habría buscado ocultar la verdadera edad de una de las adolescentes presentes aquel día.
El expediente no sólo apunta sobre el propio Valenzuela, sino que también involucra a su círculo cercano y a los llamados “La Mafilia”, que según la investigación podrían haber intimidado a testigos y víctimas, configurando un posible comportamiento mafioso. El conocido mánager Jorge Zonzini declaró públicamente que una de las menores habría firmado usando la identidad de su hermana mayor, lo que podría indicar una articulación para encubrir el delito. Zonzini, además, alertó sobre una presunta connivencia entre agentes policiales, judiciales y allegados al músico, lo que, de confirmarse, elevaría la gravedad institucional del caso.
Por otro lado, la defensa de L-Gante ha intentado desacreditar las acusaciones y denunciar una supuesta persecución judicial y mediática motivada por su origen social. Sin embargo, los denunciantes aseguran que tanto él como sus abogados habrían entorpecido la causa mediante presiones a periodistas e influencers, y recursos mediáticos para restar atención al contenido penal de las imputaciones. La estrategia incluiría el uso de escándalos públicos y conflictos con figuras reconocidas del espectáculo para distraer a la opinión pública de los hechos denunciados.
Mientras tanto, la investigación se ha vuelto más compleja, ya que las comunicaciones entre distintos juzgados federales intentan determinar si existe una red coordinada de encubrimiento y explotación, beneficiada por el entorno económico y mediático del artista. “La justicia no puede ser cómplice del poder”, advierten quienes impulsan la denuncia, dejando en evidencia que lo que está en juego no es únicamente el destino de un ídolo popular, sino la credibilidad institucional frente a delitos de suma gravedad.
