El conflicto interno en la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) sumó un nuevo capítulo luego de que la Inspección General de Justicia (IGJ) detectara presuntas irregularidades vinculadas al funcionamiento institucional de la entidad. La situación volvió a poner bajo la lupa la gestión encabezada por Luis Ventura y generó nuevas tensiones entre los integrantes de la asociación.
El origen del enfrentamiento se remonta a un reclamo presentado por Marcelo Polino ante la IGJ. El periodista cuestionó que los socios no hubieran podido acceder, en tiempo y forma, a los balances y a la documentación económica de APTRA antes de la Asamblea General Ordinaria. Según sostuvo, el estatuto establece que esa información debe estar disponible con una anticipación mínima de 15 días.
La asamblea en cuestión se realizó el 30 de julio de 2026 y, de acuerdo con la resolución emitida por el organismo de control, fue declarada irregular e ineficaz. Como consecuencia, también quedaron anuladas las decisiones adoptadas durante esa reunión, lo que representa un fuerte revés institucional para la conducción de APTRA.
Polino aclaró que su presentación no tenía como objetivo solicitar una auditoría ni acusar directamente a la entidad de cometer delitos. Su reclamo, según explicó públicamente, consistía en acceder a la documentación correspondiente antes de la asamblea, tal como establece la normativa interna. Ante la falta de respuestas satisfactorias, decidió recurrir a la vía administrativa.
La IGJ también intimó a APTRA a brindar información y avanzar con las medidas necesarias para esclarecer el funcionamiento de la institución. Además, trascendió que el organismo podría designar un veedor encargado de revisar la situación financiera y administrativa de la asociación. Esa eventual intervención buscaría aportar transparencia y determinar si existieron otras anomalías.
Luis Ventura, por su parte, defendió su gestión y rechazó cualquier sospecha de mala administración. El presidente de APTRA atribuyó las posibles inconsistencias a distintos factores, entre ellos la paralización de actividades durante la pandemia, los cambios de personal y la incorporación de profesionales que podrían no conocer en profundidad el funcionamiento de la entidad.
El enfrentamiento expone una profunda interna dentro de la organización que entrega los premios Martín Fierro. Mientras algunos socios reclaman mayor acceso a la información y cuestionan los procedimientos utilizados, la conducción intenta sostener la legitimidad de sus decisiones. La resolución de la IGJ podría marcar un punto de inflexión y obligar a APTRA a revisar sus mecanismos administrativos y sus normas de transparencia.
